Texto por Ana Nieto

La Secretaría Ejecutiva de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos en la Ciudad de México es el órgano que da seguimiento, evalúa y orienta la implementación del PDHDF (Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal) para la transformación de las políticas públicas que hagan efectivo el goce de los derechos humanos en la Ciudad de México.

A cargo de esta institución se ha creado el Espacio de Derechos de las Poblaciones Callejeras, un espacio de diálogo participativo tanto del sector público como del privado, cuyo objetivo es concretizar la estrategia de implementación del Programa de Derechos Humanos. Es un espacio de taller en dónde organizaciones de la sociedad civil y gobierno se unen para discutir y planear como implementar acciones efectivas que aporten al cumplimiento del PDHDF.

No debemos olvidar que la Constitución establece la obligación fundamental de las autoridades de promover, garantizar respetar y proteger los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La Ley de Derechos Humanos e Inclusión Social de las Poblaciones Callejeras obliga al gobierno a reconocer los derechos de las personas que viven y sobreviven en calle como sujetos plenos de derechos, también a generar mecanismos de prevención para evitar que más personas vivan en la calle, así como establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones de la administración pública del Distrito Federal, las instituciones de asistencia privada y la sociedad civil organizada, con el fin de revertir las condiciones de exclusión, lograr la inclusión social y atención integral de las personas que viven y sobreviven en calle.

A continuación algunos de los derechos de las poblaciones que viven y sobreviven en la calle:

·Acceder de manera igualitaria y no discriminatoria a los espacios públicos, a todos los servicios y programas públicos.

·La integridad, la libertad y la seguridad personal, como la garantía de la conservación de la integridad física, mental y emocional.

·El acceso a una vida libre de violencia que evite daños físicos, psicológicos, emocionales, económicos o sexuales y libre de estereotipos y prejuicios derivas de la discriminación sistémica hacia personas que viven y sobreviven en la calle.

·Acceder a los servicios de salud primaria básica, universal, gratuita y de calidad. Así como a los servicios educativos de nivel básico, medio superior y superior, incluyente profesional y técnico.

·Recibir información sobre los tratamientos de salud que se requieran, incluyendo los relacionados al uso y consumo problemático de drogas. Así también a decidir de manera libre e informada sobre los tratamientos de rehabilitación disponibles.

·Acceder a los programas de atención integral para las víctimas de trata.

·Acceder a los programas de otorgamiento de vivienda adecuada.

·Acceder a las posibilidades de empleo que les permitan dejar la calle como fuente de recursos y recibir todas las prestaciones laborales de seguridad social a que tienen derecho.

·Acceso a la justicia, sin obstáculos de carácter económico o social, en condiciones de igualdad, así como de asistencia judicial de alta calidad.

·Acceder de manera igualitaria y no discriminatoria a los espacios públicos.

·La libertad de pensamiento, expresión e información, así como acceder en igualdad de circunstancias a la información pública en poder del estado.